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Lo incluyó en el temario de extraordinariasBinner envía el proyecto para los 800 cargos de la reforma procesalEsta mañana se firmaron convenios de colaboración para proporcionar bienes muebles y equipamiento a los órganos de Acusación y Defensa.
“El cambio en el procedimiento penal es muy importante para las instituciones y para la calidad de vida de los santafesinos, y un verdadero cambio cultural. Pero no hay cambios mágicos: no puede estar todo funcionando de un momento para otro”.

Con esa expresión, el gobernador Hermes Binner estableció la trascendencia de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pero también dejó en claro los límites de ese trámite. “Nos llevó cuatro años, desde el final de la gestión anterior hasta lo que va de ésta, consolidar el proyecto y aprobar las leyes necesarias. Podemos acelerar las cosas, como con los convenios que estamos firmando hoy, pero necesitamos tiempo, incluso para conocernos”, reiteró.

Los convenios en cuestión apuntan a permitir que empiecen a funcionar el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio General de Defensa, encabezados respectivamente por Julio de Olazábal y Gabriel Ganón.

Concretamente, posibilitarán la adquisición de bienes muebles y de equipamiento, entre otros insumos, así como la contratación de servicios, hasta que sea designado el Administrador General de estas nuevas instituciones.

Lo que falta

En esa línea, el ministro de Justicia, Héctor Superti, confirmó que el Poder Ejecutivo iba a reenviar hoy a la Legislatura el proyecto para la creación de 800 cargos, cuyas partidas fueron aprobadas en el presupuesto, pero que los legisladores supeditaron a la remisión de un mensaje por separado. Superti añadió que, junto con el proyecto, irá de ley de Creación de Cargos para el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de Defensa Penal y los Tribunales del Fuero Penal. Se trata de 800 cargos correspondientes mayoritariamente a personal administrativo y de servicios, cuya cobertura resulta imprescindible para la puesta en marcha del nuevo sistema.

Superti reiteró que poner en marcha la reforma “es una tarea compartida de los tres poderes” y detalló las responsabilidades que le caben a cada uno de ellos, comenzando por la sanción de las normas requeridas al Poder Legislativo. “El Poder Ejecutivo deberá realizar los concursos para fiscales y defensores y ahora tiene que ayudar a las nuevas autoridades a armar sus estructuras. En el Poder Judicial, las autoridades de los nuevos ministerios tienen que dictar reglamentos, definir sedes, organizar estructuras. Y específicamente la Corte, en un papel que viene algo demorado, deberá definir qué jueces quedan y qué jueces pasan al nuevo sistema, organizar los concursos y designar los directores de las oficinas de gestión judicial. Se lo pedimos a fines del año pasado, a principios de éste les mandamos una propuesta y ellos nos notificaron que lo derivaron a una comisión; estamos esperando la respuesta”, resumió.

Abusando -por confesión propia- de la metáfora sobre el carro que “avanza si todos tiramos para el mismo lado” y nadie “pone palos en la rueda”, o en otras palabras, “si cada uno de los poderes cumple”, Superti consideró que “es casi seguro que se podrá poner en marcha el sistema en el plazo de 180 días”.

Fuente: El Litoral