IMPARABLE ORGANIZACIÓN DELICTIVA

Bacrim, o la nueva lucha contra el narcoterror

Las Bacrim son las bandas de narcos herederas de las ex Autodefensas Unidas de Colombia. Ya no tienen ideología y son enormes estructuras volcadas al delito con una violencia impresionante.

Bacrim, o la nueva lucha contra el narcoterror

Detenidos de las Bacrim, en Colombia.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En el foro 'Desafíos criminales y acción del Estado', celebrado en Bogotá, Colombia, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; el comandante general de las Fuerzas Militares (FFMM), almirante Edgar Augusto Cely; y el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, llegaron a una conclusión: "Las bacrim (nuevas bandas criminales) son una amenaza a la seguridad ciudadana. Es un imperativo contenerlas y someterlas a la ley. De no hacerlo (...) puede generar en un desafío a la institucionalidad, pueden ser una gran amenaza si siguen avanzando".

Entre 2006 y 2010 fueron detenidos 10.400 miembros de bandas criminales, entre ellos 68 cabecillas, pero no se ha conseguido acabar con "el asesinato colectivo": en 2010, grupos como Los Paisas, Los Urabeños o Los Rastrojos asesinaron solo en el departamento de Córdoba, a unas 600 personas.

Naranjo también llamó la atención sobre la "capacidad de reclutamiento" de esos grupos y alertó que las relaciones entre esos grupos y las FARC "son cada vez más estrechas" y sostuvo que esas nuevas estructuras están formadas por "bandoleros y criminales sin ninguna ideología política".

En el informe anual sobre los derechos humanos en Colombia, el Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, dijo que en 2010 aumentaron 40% las masacres en el país.

Las bandas criminales o 'bacrim' cometieron "homicidios, amenazas, extorsiones y actos de violencia sexual, y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos", señaló Salazar.

Para el funcionario, esas organizaciones, nacidas a partir de la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tienen "elementos de continuidad" con los antiguos paramilitares.

En un informe del Departamento de Estado se menciona que las metas de erradicación manual de coca previstas para 2010 (70.000 hectáreas) no se pudieron cumplir (se erradicaron 45.000), una caída frente a las 61.000 hectáreas destruidas en 2009.

"Muchos mandos medios de las AUC tomaron posiciones clave en estos nuevos grupos", y el 50% de los jefes provienen de los escuadrones de la muerte, afirmó Salazar.

En Colombia se habla de 12 grupos presentes en los 32 departamentos del país: 6.000 combatientes, y por lo menos 7.400 colaboradores, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en un informe sobre lo que llama "narcoparamilitarismo".

La justicia multiplicó las órdenes de captura contra los integrantes de las denominadas Autodefensas Gaitanistas, del detenido narcoparamilitar Daniel Rendón, alias Don Mario, que operan en Antioquia y Córdoba, 14 de los cuales se acogieron a sentencia anticipada y aportaron información sobre sus contactos en la Policía.

Como consecuencia de sus delaciones, la Fiscalía ordenó la detención de policías activos de la región de Urabá que formaban parte de la organización de Don Mario.

En otro expediente se apuntó a los principales cabecillas de la estructura criminal de âLos Urabeñosâ, que delinquen en el departamento de Córdoba.

En el más grande operativo contra las bandas criminales arroja 301 detenidos, 42 laboratorios destruidos y 5.200 kilos de coca incautados. Pero en los últimos 5 años, 2.238 personas han sido asesinadas en Córdoba.

Tadeo Martínez escribió en la revista Semana, de Bogotá:

Al bordear el Parque de Paramillo, en las laderas de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, en los valles de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca, en los pueblos costeros de Urabá y Morrosquillo, se puede ver cómo se lleva a cabo, desde el 24 de enero, la Operación Troya.

Una tarea con la que se busca desmantelar a las bandas criminales que en los últimos cinco años años han asesinado a 2.238 personas en Córdoba, y en la que participan de manera coordinada Ejército, Infantería de Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Fiscalía y Acción Social.

Los municipios donde tienen presencia permanente en la zona rural y urbana, y en las que se viven situaciones diarias de homicidios selectivos, extorsión, reclutamiento (aprovechando el desempleo y necesidad de miles de jóvenes sin oportunidades), son Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano, Ayapel y San José de Uré.

Allí se registran enfrentamientos casi a diario entre las bandas de los Paisas y Rastrojos, aliados contra los Urabeños por los cultivos ilícitos y las rutas hacia los golfos de Urabá y Morrosquillo.

Los presuntos cabecillas de 'paisas' y 'rastrojos' en esta zona son Ángel de Jesús Pacheco, alias âSebastiánâ (exmilitante del grupo de alias âMacacoâ), y Francisco José Morelo Peñata, alias âEl negro Sarleyâ.

También hay altos índices de criminalidad y presencia de estas bandas en Arboletes (Antioquia), Puerto Escondido, Moñitos, Lorica, San Pelayo, San Antero, San Bernardo del Viento (Córdoba).

Fuentes policiales dicen que los líderes de âLos Urabeñosâ, son Juan de Dios Úsuga David, alias âGiovanniâ y Roberto Vargas Gutiérrez, alias âGavilánâ, pero también se dice que el cabecilla de los urabeños es Armando Alberto Pérez Betancur, alias âCamiloâ, un excoronel del ejército quien fue el segundo al mando en el Bloque Catatumbo.

De acuerdo con la Policía y el Ejército, en la zona del bajo Cauca antioqueño, altos de los ríos San Jorge y Sinú, habría 6.700 hectáreas sembradas de coca, mientras que en el interior del Parque Natural Paramillo según el monitoreo de Naciones Unidas, habría 1.200 hectáreas.

En reciente entrevista a SEMANA, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, dijo que son más de quince mil hectáreas. En 2005, año de la desmovilización de los paramilitares, asesinaron en Córdoba a 158 personas.

Los años siguientes se incrementaron a 253 y 366. En el año 2008 se encendieron las alarmas por el asesinato de 512 personas. En los años 2009 y 2010 se ha mantenido en aumento con 532 y 575 asesinatos.

En la erradicación de cultivos, el Ejército y la Policía han vivido una tragedia, pues las minas antipersonas han quitado la vida a 101 soldados y a 15 policías, mientras otros 434 soldados y 20 policías han perdido brazos y piernas.

El número de capturados en 2010 (5.785), indican que la capacidad de reclutamiento de las bandas y el número de personas involucradas en la guerra es incalculable. En flagrancia cayeron 4.234 y con orden judicial, 1.551.

De acuerdo con el general Leonardo Pinto, comandante de la XI Brigada, entre las dos bandas en la zona tienen más de 700 hombres armados, pero se desconoce cuántos trabajan como informantes y mensajeros.

En Tierralta se vive en aparente calma. Entrada la noche, los negocios se mantienen abiertos, pero existe la versión de que las mismas bandas presionan a la gente para que sigan su vida normal. El general Pinto, de la XI Brigada, dice que esa tranquilidad se debe a la presencia de la fuerza pública.

En las zonas urbanas las bacrim visten de civil y portan armas cortas, mientras en las zonas rurales llevan uniformes privativos y armas largas, en grupos pequeños.

Reclutan a jóvenes desempleados, a quienes encomiendan tareas específicas de campaneros y les pagan 500.000 pesos, convirtiéndolos en sus oídos y en sus ojos, creando un ambiente de vigilancia permanente. Entre Tierralta y su área rural puede haber más de 70 jóvenes campaneros, a quienes entregan un celular para que informen si ven extraños.

No saben nada de la organización ni conocen a nadie. En marzo de 2010, en un enfrentamiento entre 'paisas' y 'urabeños', el Ejército intervino dando de baja a ocho y capturó a 51 integrantes, lo que dio lugar a uno de los juicios más sonados en Córdoba, por la cantidad de detenidos. Un caso que causó estupor fue el proceso contra nueve âdescuartizadoresâ de los âurabeñosâ.

En agosto de 2010, 49 familias del sector de la Bonita en Tierralta, se desplazaron a Pailitas por los enfrentamientos diarios entre las bandas.

En los tres meses del Plan Troya se han realizado 250 operaciones, han sido capturados 301 miembros de las bacrim, incautados 5.281 kilos de cocaína y 735 kilos de pasta base de coca, así como 67.400 kilos de cemento, urea y cal, y 43.082 galones de gasolina y acpm.

En enero de 2011, asesinaron a 44 personas, cifra inferior a los cometidos en enero de 2010 y 2008, cuando hubo 58 y 61 asesinatos. Los resultados de Troya son positivos: si bien en febrero se presentaron 20 homicidios, es esa la tasa más baja desde 2006. Igualmente, fueron destruidos ocho laboratorios y se incautaron armas cortas, largas, municiones, granadas y vehículos.

Escepticismo

Oficiales del Ejército y la Policía sostienen que esta lucha no se gana sólo con las armas, por eso realizan brigadas sociales para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas criminales. La policía está llevando a los profesores a las veredas.

âNo es suficiente llegar a una zona, capturar criminales, destruir laboratorios e incautar drogas. Hay que llevar planes y programas sociales, construir escuelas, prestar el servicio de salud y mejorar las víasâ, sostiene el coronel Páez, comandante de Policía Córdoba.

Pero lo que más preocupa es la judicialización de los capturados, que en un alto porcentaje recuperan la libertad porque el delito es excarcelable.

De los 575 homicidios ocurridos en 2010, sólo doce están atados al delito de concierto para delinquir. Mario Anaya, director seccional de fiscalías en Córdoba, sostiene que la mayoría de las capturas recaen sobre delincuentes de bajo nivel y, si sólo portan un revólver, se allanan al cargo de porte ilegal, rechazan el concierto para delinquir y recobran la libertad.

Hoy hay cuatro fiscales dedicados exclusivamente a investigar y judicializar a miembros de las bacrim, desde la indagación hasta la imputación, instancia en la que asumen el caso fiscales especializados. Anaya dice que se necesitan más unidades de policía judicial y recursos, pues los testimonios se caen ante la intimidación y exterminio de los testigos.

Hay ejemplos, como el de 11 capturados y judicializados por el homicidio de la directora del CTI de Planeta Rica, Marta López Romero, crimen cometido el 1 de diciembre de 2009.

Los testigos no quieren ratificarse porque asesinaron a un hermano de la víctima. Y el caso contra el exalcalde de Valencia, Mario Prada Cobos, en el que hay tres testigos muertos.

Pero también hay investigaciones exitosas, como el de los nueve descuartizadores detenidos, el del asesinato de Juan Carlos Pérez, un odontólogo que un día encontró a los urabeños en su finca y les dijo que se fueran, cuando les dio la espalda lo asesinaron; y el de los dos estudiantes de los Andes, pues hay cuatro capturados por haber participado en el homicidio.

Corrupción

La corrupción política y de agentes de las distintas fuerzas públicas también preocupa. Hace pocos días fue capturado el alcalde de San José de Uré, por haber desviado presuntamente más de 8.000 millones de pesos con destino a las bacrim.

Funcionarios de la Fiscalía creen que habría 70 falsos positivos relacionados con pago de recompensas. Las sospechas de corrupción e investigaciones, por posible infiltración de las bandas a la fiscalía, la policía, el DAS, y el sistema judicial, ha llegado hasta los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior y a un Juez Penal del Circuito de Montería, que están siendo investigados por la Procuraduría por haber absuelto a la excongresista Eleonora Pineda por un caso de homicidio agravado.

Hay preocupación porque en los procesos de las bacrim que llegan a juicio, no hay representantes de las víctimas y los procesos se caen porque los testigos se retractan, fruto de sobornos o amenazas, o son asesinados.

Las bandas, ante la imposibilidad técnica de la Fiscalía para probar los delitos que les imputan, han adoptado una estrategia sombría: no allanarse para congestionar los juzgados y reventar el sistema judicial con procesos que no pueden resolver.

La Fiscalía necesita equipos de interceptación y más policía judicial para vigilancia y seguimiento con el fin de encontrar las rutas y caletas, asimismo como para contar con agentes encubiertos.

En el 2010, por crímenes cometidos por las bacrim, fueron condenadas 68 personas, y hasta el pasado mes de marzo han sido condenados 12 procesados.

Un juez dice que los fiscales de élite para luchar contra las bacrim es como volver a la justicia sin rostro: âEsos fiscales son operativos, pero no entienden el sistema acusatorio, es decir, por ejemplo no pueden sostener la acusación de conciertoâ.

En algunos casos, porque los testigos se retractan, los asesinan o desaparecen. Cuando el proceso llega al juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento, se cae por falta de pruebas o errores en las capturas.

En caso de que un proceso llegue al final con pruebas contundentes, los acusados pueden allanarse a los cargos, recibir la rebaja de penas y, si hacen un preacuerdo por una condena de ocho años, pagar hasta cuatro años, pero a los dos años y medio recuperan la libertad y algunos reinciden en el sicariato y en otras prácticas.

El Plan Troya está en una primera fase. Se extenderá hasta el 24 de abril, cuando se evaluarán los resultados de las operaciones contra las bandas criminales.

Y mientras en Saiza y El Manso colonos, por un lado, y guerrilla, por el otro, tumban la selva para cultivar más coca con el argumento de que mientras no tengan otra cosa seguirán dedicados a esa actividad ilícita, un alto oficial le dijo a SEMANA que, como van las cosas, se va más cerca la desmovilización de la guerrilla que la derrota de las bacrim.

http://urgente24.com/noticias/val/7342-168/bacrim-o-la-nueva-lucha-contra-el-narcoterror.html