Se mobiliza el caso.

Así lo resolvió la Corte Suprema de la Nación por “razones de mejor administración de justicia”, dice el escrito difundido

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ayer que la investigación judicial por el crimen de Silvia Suppo, víctima y testigo de causas por delitos de lesa humanidad, pase a manos de la Justicia Federal de Santa Fe por “razones de mejor administración de justicia”.

El documento, que lleva la rúbrica de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, y que difundió el Centro de Información Judicial, aconseja que conozca en estas actuaciones la Justicia Federal “en tanto no puede descartarse que la muerte de Suppo, obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales en donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad”.

La novedad se conoció este lunes 29 de marzo, un año después de que la víctima fuera asesinada a puñaladas en su comercio céntrico de la ciudad de Rafaela, en horas del mediodía.

Autores materiales

Por ese hecho, el juez de Instrucción Penal Segunda de Rafaela, Alejandro Mognaschi, procesó a dos jóvenes que se hicieron cargo del crimen -Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa- y elevó la causa a juicio en febrero. Oportunamente, la fiscal Nº 1, Cristina Fortunato, explicitó en la requisitoria de elevación a juicio que se los juzgue por el presunto “homicidio finalmente conexo con robo” -art. 80 inciso 7 del Código Penal-, un delito que tiene como pena única la prisión perpetua.

Entretanto, un Incidente de Competencia motorizado por la parte querellante, que insistía en la conveniencia de que el caso pase a manos de la justicia federal, terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que acaba de resolverlo.La determinación de la Corte, de instar al juez federal Nº 1 Reinaldo Rodríguez para que continúe con las actuaciones, surge a contrapunto de un pedido del Ministerio Público Fiscal de la Nación, encabezado por Luis Santiago González Warcalde.

El 21 de febrero pasado el representante de la Procuración ante la CSJN, en el Área de Derecho Penal, elevó el documento al Alto Tribunal, argumentando que correspondía “declarar la competencia del Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Segunda Nominación de los Tribunales de Rafaela, para conocer en esta causa”.

Discrepancias

“La Corte compartió e hizo suyos la descripción de los hechos y el trámite de la contienda de competencia presentado por la Procuración, pero discrepó con la decisión de que el expediente fuera tramitado en el fuero provincial”, indica el informe de prensa Nº 16 del CIJ.

Por último, la Corte resolvió que las actuaciones sean remitidas al Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe y que se haga conocer su decisión al Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Segunda Nominación de los Tribunales de Rafaela y a la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela.

Si bien el Juzgado Federal Nº 1 se encuentra en conocimiento de la resolución de la Corte, se espera la notificación formal y los fundamentos del dictamen, para avanzar en consecuencia, indicaron desde el entorno del juez Rodríguez.

Una situación similar se vive en la Cámara de Apelación Penal de Rafaela, que también tomó conocimiento del caso a través de los medios de prensa, confirmaron.

Estado de la causa

En cuanto al estado de trámite de la causa Suppo, voceros de la Cámara rafaelina -integrada por los vocales Rodolfo Roulet, Juan Manuel Oliva y Hugo Degiovanni- indicaron que atenderán la decisión del máximo tribunal.

La parte querellante, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, “había pedido la suspensión de la requisitoria fiscal de elevación a juicio” y para ello la abogada Ana María Figueroa interpuso un recurso de queja cuando el juez Alejandro Mognaschi concluyó la instrucción.Como el juez provincial le denegó la apelación, fue en queja a la Cámara, que tras pedir el informe a su inferior resolvió reforzar la decisión de Mognaschi al considerar que estaba bien denegada la apelación. Ante ese dictamen desfavorable, la Secretaría de Derechos Humanos interpuso otro recurso, esta vez, en queja ante la Corte Provincial.

Hasta ayer el trámite estaba para traslado, pero atento a la decisión de la Corte, la Cámara le corrió traslado al fiscal Reynaldo Voglino, que hoy se expidió considerando que se trata de “una discusión que carece de sentido” luego del dictamen de la Nación y que “corresponde que se tramite en el fuero federal”.

/// EL DATO

Aniversario y marcha

Ayer, al cumplirse un año del asesinato de Silvia Suppo, se realizó una marcha en reclamo de justicia por las calles de Rafaela, de la que participaron organizaciones como CTA la Castellanos, Sadop, Hijos Santa Fe, Cámpora Santa Fe, Movimiento Evita y las agrupaciones que integran el espacio Justicia y Verdad, informó la agencia de noticias Télam.

“Un fallo esperanzador”

Así lo definió la abogada querellante en la causa Suppo, la doctora Lucila Puyol, quien consideró hoy “muy esperanzador” el fallo de la Corte Suprema que determinó que el crimen sea investigado por la Justicia federal de Santa Fe.

En declaraciones a Télam, Puyol destacó que “se utilizaron los mismos argumentos que se utilizaron en el caso de Julio López”; es decir que “se produjo el crimen de Suppo para obstaculizar la Justicia en relación a la aclaración de crímenes de lesa humanidad”.

“Necesitábamos que la causa sea investigada en todas las líneas de hipótesis que puedan existir”, resaltó.En tanto, la abogada dijo que “fue fundamental el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del gobierno nacional”, que se presentaron como querellantes en la causa.

Dudas y sospechas

Silvia Suppo (51) fue una de las testigos en el juicio contra ex juez federal Hermes Brusa, destituido por un jurado de enjuiciamiento y recientemente condenado por delitos de lesa humanidad, cometidos cuando era funcionario judicial durante la dictadura.

La víctima era una militante de la Juventud Peronista de 17 años cuando fue secuestrada y violada por miembros de los grupos de tareas de la dictadura en Santa Fe y quedó embarazada como consecuencia de esas vejaciones; fue así como los ex represores le practicaron un aborto para “subsanar el error”, según le dijeron. Las sospechas surgen porque Suppo debía declarar en al menos otros dos juicios, a los que no llegó porque fue asesinada antes.