Ex oficial de la Tropa de Operaciones Especiales de la policía provincial entrenado en el FBI, es y actual comisionado mayor de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Zapata, potencial conductor de la policía santafesina si Del Sel es gobernador.
A Miguel Del Sel le preguntaron hace poco quién lo asesora en materia de seguridad. El candidato a gobernador del PRO sorprendió con la respuesta: “Claudio Zapata”, retrucó. Se trata de un ex oficial de la Tropa de Operaciones Especiales que desde 2008 trabaja con Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí formó parte de la creación de la Policía Metropolitana. En el entorno de Del Sel lo apuntan como un candidato a conducir a la policía provincial si el ex Midachi llega a la Casa Gris.
–¿Cuál es su diagnóstico sobre la policía en Santa Fe?
–Hay una anomalía que se basa en la imprevisión de la ley o en una deficiente implementación de ésta, que es la separación de las unidades policiales (TOE, la Dirección General de Control y Prevención de las Adicciones, Violencia de Género y Trata de Personas) de la jefatura provincial. Eso desnaturaliza la conducción policial. El reparto del poder en el servicio policial de seguridad urbana es tan segmentado que restringe el principio de autoridad y conlleva situaciones inmanejables. Falta unidad de comando, un principio básico de la conducción policial. Hay otros problemas, como el deterioro en el régimen de ascensos, la falta de personal, la existencia de oficiales superiores designados en cargos que desmerecen su jerarquía, la distribución irracional y asistemática de policías en el territorio provincial, con desproporción en la relación de la cantidad policías por habitantes en las distintas unidades regionales, la imprevisión en la asignación de policías desarraigados de sus hogares y destinados a cumplir servicio a más de 150 kilómetros de distancia. Todo habla de una mala administración de los recursos humanos y de un grave problema estructural.
–El descrédito de la policía es muy grande. ¿Lo ve igual?
–Sí, la institución policial está en tela de juicio. Pero el descrédito alcanza a todos, incluso a los políticos. Se llegó a un grado de deterioro que es imposible no ver.
–¿Cómo ve la situación en las comisarías?
–Han alcanzado una cifra récord de personas detenidas, alojados en forma escandalosamente infrahumana. Así se violan los más elementales derechos que tiene una persona, aun cuando haya delinquido, y el personal policial queda bajo la misma indefensión, por lo que las comisarías están neutralizadas para ejercer sus funciones de prevención del delito o de cercanía a la comunidad.
–La gente acude cada vez menos a ellas para denunciar delitos.
–Claro, porque ha comprendido que sus denuncias no serán esclarecidas y que todo es un mero trámite, una gran pérdida de tiempo. Por otro lado tenemos también la falta de móviles, de tecnología en las comunicaciones, de coordinación o de sistematización en el servicio del 911, de coordinación de las licencias del personal y de una explicación para el alto porcentaje de carpetas médicas.
–¿Qué debería pasar para que la policía recupere credibilidad?
–Para legitimar su relación con la sociedad debe basarse en el principio de policía comunitaria o de proximidad, cumplir con autoridad con el servicio público de seguridad y ser uno de los brazos ejecutores de la política de Seguridad del Estado provincial. Pero el deterioro de la institución también es producto de años donde la fuerza fue variable de ajuste de los gobiernos. Debemos revertir este proceso manteniendo una conexión estrecha con la sociedad, acercándola a ella, para que la gente perciba su presencia como la de un verdadero servicio de seguridad urbana.
–¿Qué rol le asigna al gobierno provincial en ese panorama?
–El gobierno no admite el avance del delito en su territorio y niega que haya corrupción institucional. Sólo con pensar que el ex jefe de policía de la provincia está preso, o en los más de 50 policías puestos a disposición de la justicia por supuesta complicidad con el narcotráfico, basta para demostrar una falta de sinceramiento en ese sentido. Además, le asigna escasos recursos a la policía para que pueda cumplir con eficacia su rol, y para que los policías lleven una vida digna.
–Uno de los problemas más graves en Santa Fe es la corrupción policial. ¿Cómo se la combate?
–La corrupción es también un reflejo de la debilidad institucional. Hay que fortalecer la institución y dignificar el servicio de seguridad urbana que prestan los policías. Para ello debemos mejorar su salario y dotar a la fuerza de recursos materiales y de capacitacion permanente. Esto contribuye a combatir la corrupción.
–¿Cuáles serían las prioridades de un plan de seguridad?
–Los ejes prioritarios son las políticas de prevención, un sistema de control del espacio público y el fortalecimiento de la Justicia y de la policía. Pero hoy no hay prioridades, todo está al mismo nivel de necesidad.
–¿Cómo se le da pelea al narcotráfico?
–Debemos generar políticas de seguridad bajo un concepto integral. En la parte operativa hay que diseñar planes de contingencia y de controles provinciales de ruta para asegurar los ingresos al territorio provincial, al igual que debemos profundizar los controles fluviales, rever el observatorio del delito atendiendo a la política del análisis criminal. Por otra parte, los narcotraficantes apuntan a capturar a los pibes para transformarlos en adictos o en asesinos, pero el Estado no puede competir con ellos económicamente. Solo una política de sociabilización integral, de educación, cultura, inclusión y de seguridad, sumado al refortalecimiento de la justicia y de las instituciones, puede asegurar el éxito.
–Hace unos días usted viajó con Del Sel a Medellín para ver cómo gestionan allí la seguridad pública. ¿Por qué eligieron esa ciudad?
–Del Sel tomó la decisión de ir a ver cómo se trabaja sobre el tema en otros lugares. Decidimos ir a Medellín porque es una ciudad donde hubo niveles de violencia altísimos y hoy ya no es así. Queríamos saber cómo hicieron para modificar eso.
–¿Y cómo hicieron?
–En primer lugar, se trazaron un plan a largo plazo. Empezaron hace una década y hace un par de años que empezaron a ver los resultados. Básicamente lo que hicieron fue emplear políticas destinadas a que la gente volviera a sentirse incluida. Abrieron calles, recuperaron espacios públicos, llevaron educación, salud, cultura y seguridad a las villas, le devolvieron los valores por lo que buscaron que la gente recuperase su sentido de pertenencia, crearon cooperativas para dar trabajo, les llevaron cloacas, reordenaron el espacio urbano. Así lograron que los jóvenes que antes elegían ser dealers o soldaditos de los carteles ahora opten por estudiar, trabajar, tocar un instrumento musical.
–¿Quién se ocupa de esas políticas, el Estado nacional o el local?
–La ejecutan en conjunto, y lo interesante es que lo hacen más allá de quién gobierna e incluso de que gobiernen personas de distintos partidos. En ese sentido son un ejemplo.
–¿La policía es nacional o local?
–Hay una policía nacional y otra local, y trabajan coordinadamente. Eso es clave para el éxito del plan, aunque la policía no es ni de lejos el aspecto central de las políticas de seguridad: lo principal es todo lo otro, el hecho de que le gente se sienta incluida, que tenga acceso a la educación, la salud, la cultura y tantas cosas más, sin importar su condición social.
–¿Qué rol le cabe al ciudadano en ese plan de seguridad?
–Uno muy importante, porque lo que hace el Estado es hacerlo sentirse parte. De su barrio, de su ciudad, de su país. Cuando uno habla con los paisas (gentilicio de los habitantes de Medellín) advierte que están orgullosos de serlo. Y les pasa a todos. Lo que hizo el plan integral fue devolverles la esperanza. Todos ellos tienen una historia dura para contar, pero ahora ven el futuro de otra manera.
–¿Bajaron los índices de delitos?
–Mucho. En los peores momentos llegaron a tener 20 muertos por hora y vivían en un estado de violencia absoluta, pero eso cambió radicalmente.
–Pero tráfico de drogas y violencia deben seguir existiendo...
–Por supuesto, pero en niveles muy lejanos de los que llegaron a tener.
–¿Cómo abordaron el problema de la corrupción policial?
–Lo primero que hicieron fue una intervención fuerte en las policías nacional y local. Separaron a todos los que estaban sospechados y los llevaron a la Justicia. Los corruptos fueron echados rápidamente y los que no lo eran y estaban bajo procesos administrativos fueron reasignados a tareas normales, se los dignificó con un salario acorde con equipamiento apropiado, se apostó por una profunda capacitación y un control riguroso, bajo el lema “calidad en el servicio”, también de ese modo se abordó el refortalecimiento institucional y el afianzamiento de la ciudadanía . Esa es una lección: aquí la Justicia demora años en establecer si un policía al que se le inició un proceso es o no culpable. Mientras tanto, ese efectivo no cumple su función, lo que deteriora la moral de los buenos policías y el orden institucional.
–¿El modelo de Medellín es aplicable a Rosario y Santa Fe?
–Seguro, sí. Incluso diría que para nosotros será más fácil, por cuestiones topográficas y porque aquí no llegamos ni de cerca a tener los niveles de violencia que tuvieron ellos. Hay que trabajar en la inclusión y en el fortalecimiento institucional, esas son las claves.
Fuente: La Capital
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